Estas últimas semanas estamos observando como se vienen sucediendo protestas, manifestaciones y hasta sentencias relacionadas con la escolarización en centros concertados.
Desde luego, comprendo y respeto el derecho a elegir centro por parte de los padres, pero creo que esto nunca debe ir en detrimento de la calidad de la educación; no puede entenderse que después de tanto años de lucha por la mejora de la misma y de buscar mecanismos que permitan esto, entre ellos la bajada de la ratio en las aulas, llegue un magistrado, dicte una sentencia, y anteponga ese derecho al derecho que los padres tienen de escolarizar a su hijo.
Yo pensaba que los derechos de los niños y niñas siempre estaban por encima de cualquier otro derecho, y en este caso se antepone, creo, el derecho de una sólo niño a acudir a un centro por el derecho que todos sus compañeros y compañeras tienen a recibir una enseñanza de calidad.
Con esta sentencia creo que se abre la veda para que todos y cada uno de los padres puedan obligar a la Administración a escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que quieran, haya o no plazas; quiero entender que esta sentencia también afecta a las familias de la enseñanza pública, y no sólo se aplica desde el prisma de los centros concertados.
Y es que, desgraciadamente, parece que en este país, y concretamente en nuestra comunidad, todos los servicios públicos hay que cuidarlos y mejorarlos, todos excepto la educación, que se está dejando en manos de otras instituciones, que no olvidemos que tienen un carácter privado y, por supuesto, cargadas de ideología, a las que se “apoya” económicamente con el dinero de los impuestos de todos, mientras poco a poco se cierran centros públicos.
Para colmo, los trabajadores de la enseñanza pública tenemos que leer por parte del Defensor del Pueblo Andaluz declaraciones en las que defiende la sentencia del TSJA con el argumento de que la calidad de la enseñanza pública es menor que la de la concertada ¡¡Vamos, lo que nos faltaba!!
Señor Chamizo, este humilde ciudadano andaluz le pediría que como miembro de la Administración Pública y Defensor de “TODO” el Pueblo Andaluz, lo que debería es plantearse por qué se está potenciando la enseñanza concertada en lugar de la enseñanza pública, enseñanza que realmente acoge a todos los ciudadanos de este Comunidad sin importarle sus capacidades y circunstancias personales o económicas, procedencia, etnia, religión, etc., y por otro lado recapacitar sobre el por qué de esa diferencia de calidad que usted aprecia y sobre cuáles son los condicionantes que provocan esta situación y, sobre todo, qué hace la Administración para paliar esa distancia.
No suelo posicionarme en mis comentarios, pero antes estas situaciones me encuentro en la obligación de hacerlo: la administración debería plantearse la eliminación de conciertos, y aunque sea más caro dotar, y no cerrar, de centros públicos las ciudades, porque de esa manera se podrá asegurar una enseñanza para todos los ciudadanos; esto no significa que no esté de acuerdo con la existencia de centros privados, sino que pienso que quiera ciertos centros debería pagarlos él, y no que sean pagados entre todos.
Para terminar, y es que este tema daría para mucho, mucho espacio y tiempo (que es lo que me falta realmente), os dejo un enlace muy interesante a una entrevista realizada a Gonzalo Puente Ojea, el que fuera embajador en el Vaticano, en la cual da su punto de vista sobre algunos temas de actualidad, entre ellos el que aquí he comentado.
PD: Invito a hacer la reducción al absurdo: ¿Qué pasa si todos los niños y niñas de una localidad solicitan plaza en un centro escolar concertado? ¿Deberíamos cerrar los públicos?
Saludos.
Desde luego, comprendo y respeto el derecho a elegir centro por parte de los padres, pero creo que esto nunca debe ir en detrimento de la calidad de la educación; no puede entenderse que después de tanto años de lucha por la mejora de la misma y de buscar mecanismos que permitan esto, entre ellos la bajada de la ratio en las aulas, llegue un magistrado, dicte una sentencia, y anteponga ese derecho al derecho que los padres tienen de escolarizar a su hijo.
Yo pensaba que los derechos de los niños y niñas siempre estaban por encima de cualquier otro derecho, y en este caso se antepone, creo, el derecho de una sólo niño a acudir a un centro por el derecho que todos sus compañeros y compañeras tienen a recibir una enseñanza de calidad.
Con esta sentencia creo que se abre la veda para que todos y cada uno de los padres puedan obligar a la Administración a escolarizar a sus hijos e hijas en el centro que quieran, haya o no plazas; quiero entender que esta sentencia también afecta a las familias de la enseñanza pública, y no sólo se aplica desde el prisma de los centros concertados.
Y es que, desgraciadamente, parece que en este país, y concretamente en nuestra comunidad, todos los servicios públicos hay que cuidarlos y mejorarlos, todos excepto la educación, que se está dejando en manos de otras instituciones, que no olvidemos que tienen un carácter privado y, por supuesto, cargadas de ideología, a las que se “apoya” económicamente con el dinero de los impuestos de todos, mientras poco a poco se cierran centros públicos.
Para colmo, los trabajadores de la enseñanza pública tenemos que leer por parte del Defensor del Pueblo Andaluz declaraciones en las que defiende la sentencia del TSJA con el argumento de que la calidad de la enseñanza pública es menor que la de la concertada ¡¡Vamos, lo que nos faltaba!!
Señor Chamizo, este humilde ciudadano andaluz le pediría que como miembro de la Administración Pública y Defensor de “TODO” el Pueblo Andaluz, lo que debería es plantearse por qué se está potenciando la enseñanza concertada en lugar de la enseñanza pública, enseñanza que realmente acoge a todos los ciudadanos de este Comunidad sin importarle sus capacidades y circunstancias personales o económicas, procedencia, etnia, religión, etc., y por otro lado recapacitar sobre el por qué de esa diferencia de calidad que usted aprecia y sobre cuáles son los condicionantes que provocan esta situación y, sobre todo, qué hace la Administración para paliar esa distancia.
No suelo posicionarme en mis comentarios, pero antes estas situaciones me encuentro en la obligación de hacerlo: la administración debería plantearse la eliminación de conciertos, y aunque sea más caro dotar, y no cerrar, de centros públicos las ciudades, porque de esa manera se podrá asegurar una enseñanza para todos los ciudadanos; esto no significa que no esté de acuerdo con la existencia de centros privados, sino que pienso que quiera ciertos centros debería pagarlos él, y no que sean pagados entre todos.
Para terminar, y es que este tema daría para mucho, mucho espacio y tiempo (que es lo que me falta realmente), os dejo un enlace muy interesante a una entrevista realizada a Gonzalo Puente Ojea, el que fuera embajador en el Vaticano, en la cual da su punto de vista sobre algunos temas de actualidad, entre ellos el que aquí he comentado.
PD: Invito a hacer la reducción al absurdo: ¿Qué pasa si todos los niños y niñas de una localidad solicitan plaza en un centro escolar concertado? ¿Deberíamos cerrar los públicos?
Saludos.
7 comentarios:
gzl reismler varmış burda beğendim yani
Pues puede que sí, pero tampoco estoy muy seguro de estar de acuerdo contigo, la verdad.
fcv gbfxn m jhmn
vfbg zfhjum vc dxfgwsw
adamsın
kurye
güzel paylaşım
https://serikurye.net/gece-kurye.html
Publicar un comentario